Actualizada el jueves, 29 de octubre 2026 | 11:26 pm
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán consideró este jueves que el nuevo Código Penal plantea mayores exigencias para la gestión pública y requiere fortalecer los mecanismos de auditoría, la fiscalización del patrimonio de los funcionarios y la coordinación entre la Cámara de Cuentas y los órganos responsables de perseguir la corrupción.
Durante una conferencia magistral en la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público de la Cámara de Cuentas, el jurista destacó que la aplicación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, exige reforzar las capacidades técnicas de las instituciones responsables de supervisar el uso de los recursos estatales y determinar posibles irregularidades, según detalla un comunicado.
Castaños Guzmán señaló que las disposiciones sobre corrupción, contratación pública, sobrevaluación, malversación de fondos y conflictos de intereses deben analizarse en relación con los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad que rigen la Administración pública.
No obstante, advirtió que no toda irregularidad administrativa constituye una infracción penal, debido a que para establecer responsabilidad de esa naturaleza deben comprobarse los elementos previstos en la ley. También señaló que las responsabilidades administrativas, civiles, patrimoniales y penales responden a criterios diferentes, aunque puedan derivarse de unos mismos hechos.
Control de las declaraciones patrimoniales
