FINJUS PROPONE INICIATIVA LEGISLATIVA
Por Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
La reforma constitucional de 2024 ordenó, en su octava disposición transitoria, elaborar, adecuar y aprobar todas las leyes requeridas por la Constitución de la República Dominicana en un plazo no mayor de siete legislaturas ordinarias, o sea, a más tardar en la primera legislatura de 2028.
El mandato de esta disposición transitoria representa una nueva prueba de fuego para el orden democrático constitucional dominicano, que debe demostrar, a través de sus órganos más representativos (Poderes Legislativo y Ejecutivo) su capacidad de adaptación ante el dinamismo del mundo globalizado y los retos y urgencias que cada coyuntura deposita sobre nuestra realidad.
Esta disposición transitoria está encaminada a establecer la responsabilidad, especialmente del Congreso Nacional, de desarrollar la normativa que se requiera para garantizar la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de un Estado Social y Democrático de derecho. Esto es el resultado que el pueblo dominicano esperaba del compromiso asumido el 26 enero del 2010, cuando se proclamó la reforma constitucional más ambiciosa de las últimas décadas en el país.
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